6 abril, 2014

Arquitectos vs. arquitectos (II)

por Isaac Broid | @IsaacBroid

Arquitectos vs. arquitectos (II): en respuesta a Francisco Pardo

Resulta que, además de endilgarnos todos los males de la ciudad contemporánea, ahora los arquitectos somos antropófagos. Tal aseveración viene de uno de nosotros, Francisco Pardo, en relación a la exposición Arquitectura en México 1900-2010, curada por Fernanda Canales. En su texto Arquitectos vs. arquitectos, Pardo acusa a González de León de “necesitar” destruir el edificio de autoservicio Lomas, de Vladimir Kaspé.

 

Francisco parte de varios malentendidos. El primero es que los arquitectos somos sólo un eslabón en la larga cadena de producción del espacio físico. Segundo, que los arquitectos no somos los dueños de los edificios y que las decisiones de qué hacer o qué no con ellos nos rebasan. Tercero, olvida que la producción de arquitectura se inserta dentro de un sistema económico que condiciona mucho de nuestro quehacer. Cuarto, que es la sociedad civil, junto con grupos vinculados a la cultura —entre los que deberían estar los arquitectos representados por su colegio quienes deben establecer lineamientos dentro de una lógica económica y no sentimental para que construcciones de valor arquitectónico y urbano se puedan —y no sólo se deban preservar.

Se sabe que el predio del autoservicio costó alrededor de cinco millones de dólares. Se sabe, incluso los desarrolladores lo sabían, que ese alto costo se debió principalmente a que contaba con una resolución chocolate o patito le llaman también—, resultado de la altísima corrupción de nuestro sistema judicial. Se sabe que esa resolución obligaba a las autoridades de desarrollo urbano a otorgar una licencia de construcción con la densidad que se está construyendo. Y se sabe, que es lo peor del caso, que, como siempre, la preservación de la rampa del autoservicio obedece a una lógica económica y no arquitectónica: manteniéndola se exenta a los propietarios del pago predial ya que están salvaguardando el patrimonio cultural de la nación. Si no hubiera sido González de León hubiera sido cualquier otro arquitecto, bueno o malo. Los desarrolladores no se hubieran tocado el corazón por el edificio tras desembolsar tal cantidad de dinero, ni aunque Teodoro o Ricardo o Rem hubieran reclamado.

Caso diferente es el de la casa del Gringo del Moral, en Tacubaya, frente a la de Barragán, que también menciona Pardo. Ahí un arquitecto con gran capacidad económica compró la propiedad y él mismo decidió destruirla. Ahí sí él fue desarrollador y proyectista y puede ser acusado de destruir una obra que se encontraba en perfecto estado de conservación. Su miopía y soberbia acabaron con una de las casas más representativas de la arquitectura culta del siglo XX. Si tuviéramos instituciones robustas que salvaguardaran el patrimonio, si hubiera incentivos fiscales para que eso se pueda llevar a cabo, si contáramos con una sociedad civil consciente de la riqueza edilicia con que cuenta el país, otro gallo nos cantaría y los arquitectos no seríamos acusados —por otros y por nosotros mismos— de atentar contra el patrimonio de la nación.

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