13 diciembre, 2014

La obra pública y la transparencia

por Arquine | @arquine

por Alejandro Hernández Gálvez | @otrootroblog

Ayer el Colegio de Arquitectos de la ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos hicieron pública una propuesta al Senado de la República. El jueves 4 de diciembre se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el “proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.” La reforma ya ha sido turnada a la Cámara de Senadores para su probable aprobación en el periodo que está por terminar.

En su desplegado, el CAM-SAM “manifiesta su profunda preocupación ante algunas carencias en la reforma que directamente impiden garantizar la conceptualización del Proyecto Arquitectónico y Urbanístico y la transparencia en los procesos destinados a la obra pública.” Aunque en el texto publicado en la Gaceta Parlamentaria se describe al proyecto arquitectónico como “el que define la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de una obra y se expresa por medio de planos, maquetas, perspectivas, dibujos artísticos, entre otros,” la manera como éste será seleccionado —¿vía CompraNet?— no queda del todo clara. Incluso se mantiene la extraña figura de la “adjudicación directa” —enredosamente explicada como el procedimiento que “comienza con la solicitud de la proposición que realice la dependencia o entidad y termina con la respuesta por parte de las dependencias o entidades, respecto de la proposición que, en su caso, presente el interesado o con la omisión de éste de presentarla en el plazo señalado al efecto por la dependencia o entidad.”

En relación al proyecto y su condición específica en el proceso de una obra pública, el Colegio de Arquitectos plantea que “resulta difícil pensar la transparencia si antes de realizar la obra pública no existen los protocolos adecuados que garanticen la elaboración de los proyectos urbanos y arquitectónicos” y si además no se garantizan los “mecanismos para la selección de los mejores proyectos y proyectistas, de manera justa, legal y transparente, lo que implica la realización de concursos de diseño arquitectónico y urbanístico apegados a las mejores prácticas internacionales.”

La insistencia en los protocolos y métodos claros, verificables, en los procedimientos de asignación de proyectos tiene causas obvias. Por décadas hemos visto cómo la obra pública en este país se asigna, de manera muchas veces nada clara. A veces los beneficiados por estos encargos son arquitectos pertenecientes a un selecto círculo de notables; otras, las más, son arquitectos con notoria cercanía a quienes toman las decisiones. Lo cierto es que, en ambos casos, abundan los fracasos, las obras inacabadas, inauguradas con prisas, transformadas sobre la marcha por decisiones de funcionarios que embisten la obra pública como si de la remodelación de su sala se tratara. Y sabemos también que esas en muchas de esas obras, sea el gran nuevo museo o la placita en honor al prócer del municipio, los presupuestos se rebasan y el dinero no siempre termina donde debería.

El asunto de la transparencia en la obra pública rebasa por supuesto el tema de la buena arquitectura. Si bien es cierto que el mito de la gran arquitectura mexicana cuelga de unos cuantos alfileres mientras el país se llena de obra pública mal planeada, mal construida y mal cuidada, el problema real está va más allá y el desplegado del Colegio de Arquitectos lo subraya con precisión: “en las condiciones actuales del país, cualquier reforma que sirva para impulsar y garantizar procedimientos democráticos, transparentes y verificables debe ser tomada en cuenta. La reconstrucción del espacio público como espacio de convivencia democrática que tanto urge, no puede hacerse dejando al margen el papel y la responsabilidad de la Arquitectura y de los arquitectos.

Cabe agregar que, más allá de lo que en estos días vote el Senado, parte de esa responsabilidad de los arquitectos estará en no aceptar ser parte de ese juego que bien conocemos —las falsas licitaciones, los concursos amañados, los proyectos innecesarios. De la complacencia a la complicidad hay menos de un paso.

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